El pasado 31 de enero, los negociadores del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión llegaron a un acuerdo sobre las tarifas máximas que los operadores de telefonía podrán cobrarse entre sí cuando sus clientes se encuentren en otro estado miembro de la Unión Europea.

Esto significa en la práctica, que al viajar dentro de la UE, los consumidores podrán llamar, enviar SMS o navegar por Internet desde su móvil al mismo precio que pagaban en su país de origen, lo que comúnmente se conoce como supresión del roaming o tarifas de itinerancia. Dicha medida deberá ser posible a partir del 15 de junio de 2017.

Los consumidores podrán llamar, enviar SMS o navegar por Internet desde su móvil al mismo precio que pagaban en su país de origen

A partir de ahora y hasta la fecha anteriormente indicada, el Parlamento Europeo y el Consejo deberán aprobar formalmente el acuerdo alcanzado y, posteriormente los diferentes Estados miembros deberán implementarlo en sus territorios.

Desde UGT entendemos que es un acuerdo positivo, ampliamente demandado por las Asociaciones de Consumidores y Usuarios en general y por UGT en particular, ya que permite desbloquear el proceso para la efectiva desaparición de las cargas por itinerancia acercándonos en materia de las telecomunicaciones hacia un verdadero mercado único, no concibiéndose que si a las empresas se les suprime las trabas para la circulación de sus mercancías, a los ciudadanos y ciudadanas se nos exija el tener que seguir pagando una “tasa fronteriza” por el uso de nuestro móvil.

Igualmente constatamos que es una medida que llega demasiado tarde pues el Reglamento que regula la materia (Reglamento UE 2015/2120, sobre el mercado único), es de fecha 2015 y durante todo este tiempo los trabajadores y trabajadoras hemos tenido que seguir aumentando la cuenta de resultados de las grandes compañías de telefonía que, por cierto, han sido el segundo sector en quejas y reclamaciones (152.865, el 15% del total) el pasado año, por detrás del sector de servicios financieros.

Y es que durante todo este tiempo trascurrido, las autoridades europeas parece que han estado más atentas a las presiones del lobby de las grandes telecos que en tratar de impedir esos sobrecostes a sus ciudadanos.